Es difícil pensar más allá de la ferocidad del dato, sin embargo, hagamos un esfuerzo de frialdad para indagar sobre las consecuencias que implica la violencia de género más allá del hecho criminal.

 Según se refleja en el informe de Care Internacional “Counting the cost: The Price Society Pays for Violence Against Women”, en 2016 el coste global de la violencia contra las mujeres fue estimado por la ONU en USD1.5 billones, equivalentes al 2% del PBI mundial, lo mismo que nos cuesta la reprobada corrupción.

 Perú pierde anualmente US$ 6,700 millones (USMP, 2013), el 3.7% de su PBI, por la violencia contra las mujeres. El 71% de las 550,000 microempresarias han sido agredidas por sus parejas al menos una vez en su relación, generando una pérdida de 47 días productivos al año y un menoscabo de valor agregado a sus negocios de USD 9,130, según el estudio de 2015 del Dr. Artístides Vara-Horna Los costos de la violencia contra las mujeres en las microempresas formales peruanas” de la USMP.

 Datos de 2014 muestran que el 45% de las trabajadoras de Gamarra fueron agredidas psicológica, física o económicamente por sus pareja o ex pareja en un promedio de 27 veces por año, perdiendo 59 días de trabajo. Como consecuencia, Gamarra reduce en 8 millones de dólares sus ingresos (“Costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Emporio Comercial Gamarra”, Lda. Zaida Asencios Gonzalez, USMP).

Según la Encuesta a hogares y empresas realizada por ENDES (Encuesta Demográfica de Salud Familiar, 2011), cuyos datos 

 primarios provienen de un análisis de 211 empresas de cinco ciudades económicamente importantes del país, la principal consecuencia es el ausentismo, pero existen otros efectos colaterales para la empresa como tardanzas, faltas injustificadas, permisos imprevistos y cambios de turno. Además, el presentismo o rendimiento disminuido, y una crisis organizacional, que repercute directamente en los empleados, quienes son testigo en ocasiones de los efectos de la violencia ejercida sobre la víctima, y en los clientes, que sufren las consecuencias de un servicio proveido por personal que no está en condiciones psicológicas ni físicas saludables. Y para qué hablar de la pérdida para el Estado y las víctimas en gastos médicos y legales.

 Más allá del necesario análisis sobre las causas del abuso y la vulneración de los derechos de las mujeres, la medición del impacto económico nos proporciona a todos, seguidores o no de movimientos y valores pro-equidad, argumentos para tomar decisiones políticas, económicas y empresariales enfocadas en prevenir y revertir esta grave situación, bajo el raciocinio de la cuenta de resultados. Políticas de educación y prevención, promoción en la comunicación y publicidad de valores libres de violencia, o incluso certificaciones como el “Sello Empresa Segura, Libre de Discriminación y Violenca contra la Mujer”– del que 22 empresas ya son garantes en el Perú- son algunas de las actuales líneas de trabajo en nuestro país. Sigamos trabajando por la protección de la ciudadanía, de sus vidas, su libertad, sus derechos y sus recursos.

Entrevista sobre la violencia de género